La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha valorado positivamente la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aunque ha advertido de la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones para garantizar su correcta ejecución.
Según la patronal, la actual confrontación política entre el Gobierno y algunas comunidades autónomas podría poner en riesgo la gestión de los 7.000 millones de euros previstos en el plan, especialmente teniendo en cuenta que el 60% de la financiación corresponde al Estado y el 40% restante a las comunidades autónomas, mediante convenios específicos.
La CNC considera que el plan es un proyecto “bueno y completo”, al abordar tanto los retos de oferta como de demanda del mercado residencial. No obstante, insiste en la importancia de establecer mecanismos de interlocución y coordinación eficaces entre las distintas administraciones.
Necesidad de más vivienda y menos trabas administrativas
Desde la organización recuerdan que el sector necesita incrementar el ritmo de construcción hasta alcanzar al menos 220.000 viviendas anuales, con el objetivo de aliviar la presión actual del mercado y consolidar un volumen estable de unas 150.000 viviendas al año en el medio plazo.
En este sentido, la patronal vuelve a poner el foco en el bloqueo de la Ley del Suelo, cuya aprobación considera clave para cumplir los objetivos del plan y reducir los plazos administrativos.
Falta de trabajadores y revisión de precios
Otro de los grandes retos señalados por la CNC es la escasez de mano de obra, estimando que el sector necesitará alrededor de 700.000 nuevos trabajadores.
Asimismo, reclama la incorporación de mecanismos de revisión de precios en la contratación pública, que permitan a las empresas adaptarse a contextos inflacionistas y operar con mayor certidumbre.
Llamamiento a la colaboración institucional
Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, “el nuevo Plan Estatal de Vivienda puede valorarse de manera positiva. Sin embargo, es fundamental superar la confrontación entre administraciones y avanzar en una coordinación real que permita trabajar de forma conjunta para facilitar el acceso a la vivienda, origen de la mayoría de los males que sufre hoy en día la economía española”.
