La Declaración de Luxemburgo, firmada por organizaciones que representan a más de 1,5 millones de profesionales, insta a la Unión Europea a modificar la Directiva de Contratación Pública para garantizar el valor social, ambiental y técnico de los proyectos frente al criterio del menor precio.
Luxemburgo fue el escenario, el pasado 15 de mayo de 2025, de un acto decisivo para el futuro de la contratación pública en Europa. Con motivo de la conferencia “Architects + Engineers: Partnership for Resilient Design”, las principales organizaciones profesionales del continente —ACE (Architects’ Council of Europe), EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations), ECEC (European Council of Engineers Chambers) y OAI (Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils de Luxembourg)— presentaron la “Declaración de Luxemburgo sobre la Contratación Pública”.
Este manifiesto colectivo, suscrito por entidades que representan a más de 1,5 millones de arquitectos e ingenieros, exige a las instituciones europeas una profunda revisión de la actual Directiva de Contratación Pública (PPD) para corregir las deficiencias que afectan a los servicios intelectuales, entre los que se encuentran la planificación y el diseño arquitectónico o ingenieril.
Los firmantes alertan de que el enfoque actual, centrado en la adjudicación al “precio más bajo”, sigue siendo la norma en más de la mitad de los procedimientos en la UE, pese a que la legislación permite el uso del criterio de la “oferta económicamente más ventajosa” (MEAT). Esta práctica, denuncian, “ignora la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia a largo plazo”, comprometiendo tanto los objetivos del New European Bauhaus como la resiliencia del entorno construido.
La declaración reclama la prohibición explícita del precio como único criterio en la contratación de servicios intelectuales, defendiendo su naturaleza creativa e impredecible. “La solución no está definida de antemano, surge en el proceso creativo”, subrayan. Por ello, proponen que estos servicios cuenten con un capítulo específico dentro de la Directiva, con umbrales adecuados, procedimientos adaptados, y reglas que favorezcan la participación de pequeñas y medianas empresas (pymes).
El texto también insiste en la necesidad de promover concursos de diseño como vía preferente para la contratación de servicios arquitectónicos, y en la eliminación de prácticas como la exigencia de trabajos de planificación no remunerados durante las fases de licitación. “Un entorno de calidad solo puede surgir de procesos de calidad”, concluyen.
En relación con el acceso de nuevas empresas, el manifiesto pide a la UE que impulse medidas que simplifiquen las barreras administrativas y flexibilicen los requisitos financieros o técnicos, como ampliar el período de referencia de tres años o ajustar el umbral mínimo de facturación.
La Declaración de Luxemburgo se alinea con los objetivos del New European Bauhaus, al promover entornos sostenibles, inclusivos y estéticamente coherentes. Según ACE, este llamamiento representa “un paso esencial para que la contratación pública deje de ser un obstáculo y se convierta en un motor de innovación y calidad urbana en Europa”.
Este manifiesto, identificado en redes sociales con el hashtag #LuxDeclaration25, busca abrir una nueva etapa para la contratación pública en Europa, una en la que la arquitectura y la ingeniería puedan desplegar todo su potencial al servicio del interés general.
