La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras advierte de que el deterioro acumulado desde la crisis de 2008 exige una planificación estable, ejecución íntegra de los contratos y un esfuerzo inversor que sitúe a España en estándares europeos.
Aunque en 2024 España ha elevado la inversión hasta 36.441 euros por kilómetro equivalente, el déficit acumulado desde 2009 sigue lastrando el estado de la red y obliga a alcanzar un umbral cercano a los 50.000 euros por kilómetro equivalente.
España dispone de una de las redes viarias más extensas de Europa. Según el estudio comparativo elaborado por ACEX en 2020, la red nacional alcanzaba 165.686 kilómetros en 2017, de los cuales 26.393 kilómetros correspondían a la Red de Carreteras del Estado y el resto a comunidades autónomas, diputaciones y cabildos . Las vías de gran capacidad, aunque representan solo el 6 por ciento del total, concentran la mayor parte del tráfico, especialmente en el caso de la red estatal.
En términos de kilómetros equivalentes, la red estatal española suma 33.795 kilómetros, frente a los 64.880 de Alemania o los 14.630 de Francia. Sin embargo, la inversión total en conservación de la red estatal española fue en 2017 de 760 millones de euros, muy por debajo de los 3.194 millones de Alemania o los 1.164 millones del Reino Unido .
La comparación internacional evidencia una brecha estructural. Mientras Alemania destinó en 2017 el 70 por ciento de su inversión total en carreteras a conservación, tras una tendencia creciente desde el 46 por ciento en 1992 y el 56 por ciento en 2003, España ha mantenido históricamente porcentajes muy inferiores . Esta diferencia explica en parte el deterioro progresivo que se observa en la red española.
El estudio concluye que, de forma general, los países analizados han destinado durante años menos del 2 por ciento del valor patrimonial de sus infraestructuras al mantenimiento, porcentaje recomendado por el Banco Mundial para preservar adecuadamente la red . Cuando el mantenimiento rutinario se descuida, las reparaciones mayores resultan hasta cinco veces más costosas que las intervenciones preventivas.
En el caso español, ACEX estima que la Red de Carreteras del Estado, con cerca de 40.000 kilómetros equivalentes, debería contar con una inversión anual en torno a 2.000 millones de euros, lo que supondría aproximadamente 50.000 euros por kilómetro equivalente . Esta cifra permitiría situar a España en niveles similares a los que Alemania o Francia ya aplicaban hace casi una década.
Para las comunidades autónomas, cuya inversión actual ronda los 944 millones de euros anuales, la dotación debería elevarse igualmente hasta los 2.000 millones de euros, mientras que las diputaciones y cabildos, que actualmente invierten unos 652 millones, deberían alcanzar aproximadamente los 1.000 millones anuales . En conjunto, la cifra global se sitúa en 5.000 millones de euros anuales.
El análisis del informe sectorial muestra además la complejidad competencial de la red española. En 2017, el Estado gestionaba el 16 por ciento de la longitud total, las comunidades autónomas el 43 por ciento y las diputaciones y cabildos el 41 por ciento . Esta fragmentación administrativa obliga a coordinar políticas de conservación y homogeneizar criterios técnicos e indicadores de rendimiento.
El marco legal vigente, articulado en torno a la Ley 37/2015 de Carreteras y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, contempla tanto la gestión directa como fórmulas de concesión y colaboración público-privada. El estudio destaca la necesidad de ejecutar el 100 por ciento del importe licitado en los contratos de conservación, reinvirtiendo las bajas de adjudicación para garantizar la calidad del servicio.
Entre las carencias más urgentes figura el estado de los firmes. Según ACEX, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debería renovar cada año 2.600 kilómetros mediante campañas específicas de refuerzo. Sin embargo, la tendencia reciente apunta a trasladar parte de estos costes a los contratos ordinarios de conservación, lo que podría tensionar la capacidad operativa de las empresas adjudicatarias.
El deterioro no se limita al pavimento. El informe advierte de la necesidad de reforzar el mantenimiento de taludes ante episodios climáticos extremos, mejorar la señalización vertical y horizontal, actualizar túneles y actuar en tramos de concentración de accidentes . Estas actuaciones forman parte del concepto amplio de explotación definido en la legislación española, que integra conservación, mantenimiento, seguridad vial e integración ambiental.
La relevancia económica y social de la red viaria refuerza la urgencia del debate. En 2024, el transporte de mercancías por carretera representó el 96 por ciento del total nacional terrestre y el transporte de viajeros el 84 por ciento, según datos del Observatorio del Transporte y la Logística en España citados por ACEX . La carretera sigue siendo la infraestructura más utilizada y la principal garante de la vertebración territorial.
ACEX subraya que sin Presupuestos Generales del Estado y con la finalización de los fondos europeos PRTR, la disponibilidad de recursos podría reducirse significativamente, agravando el déficit acumulado desde 2009. El incremento presupuestario registrado desde 2022 ha permitido reducir parcialmente la brecha con Europa, pasando de una diferencia del 50 por ciento entre 2009 y 2017 a aproximadamente un 30 por ciento en 2024, pero no compensa quince años de inversión insuficiente.
El estudio comparativo concluye que el modelo de conservación debe garantizar asignación estable de recursos, metodología sistemática de decisiones, evaluación del desempeño mediante indicadores claros y financiación adecuada para la innovación . Solo así podrá optimizarse el equilibrio entre operaciones de mantenimiento, movilidad y seguridad vial.
En este contexto, la asociación reclama una estrategia nacional de conservación alineada con estándares europeos, que priorice la prevención frente a la reparación tardía y que considere la red viaria como un activo estratégico cuyo deterioro tiene un coste económico y social creciente.
Con una red extensa, un tráfico superior al previsto en muchos tramos y una dependencia estructural del transporte por carretera, España afronta el reto de decidir si consolida un modelo de mantenimiento preventivo y sostenible o asume un incremento progresivo de los costes de rehabilitación y reposición. Para ACEX, la respuesta pasa por situar la inversión anual en el entorno de los 5.000 millones de euros y garantizar su continuidad en el tiempo como política de Estado.
