El Documenta 1.2 – Ciudad y territorio justo: Accesibilidad universal, impulsado por el Observatorio 2030 del CSCAE, sitúa la accesibilidad en el centro de la transformación urbana y territorial. Lejos de ser un añadido técnico, se presenta como un derecho de los derechos, una llave maestra para la inclusión y la igualdad de oportunidades.
El informe recuerda que, aunque un 8 % de la población española tiene una discapacidad permanente, en realidad el 100 % necesitará en algún momento entornos accesibles: por la edad, una lesión temporal, el embarazo, viajar con hijos pequeños o, simplemente, por la necesidad de comprender mejor un espacio o un servicio.
La accesibilidad universal, además, se concibe de forma multiescalar, multidisciplinar y multiusos: abarca desde el planeamiento territorial y urbano hasta la escala doméstica, desde lo físico a lo sensorial y cognitivo, y se aplica en todos los ámbitos de la vida —hogar, trabajo, transporte, cultura, turismo o servicios digitales—.
ODS y accesibilidad universal
El documento se alinea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 11 (ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles), pero también el ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 4 (educación inclusiva y equitativa) y el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos). Desde esta perspectiva, la accesibilidad deja de ser un requisito técnico aislado para convertirse en un indicador del nivel de desarrollo social.
Cinco estrategias para un territorio accesible
El primer objetivo del grupo de trabajo, Territorio accesible, se articula en cinco estrategias con 45 acciones:
- Infraestructura y servicios básicos accesibles. Incluye hospitales, oficinas públicas, cajeros o embajadas. Un ejemplo es el Manual de Accesibilidad 360º en entornos hospitalarios o el programa Teatro Accesible, que adapta funciones con subtitulado, audiodescripción y lengua de signos.
- Calidad y accesibilidad en los espacios públicos. Abarca desde plazas y calles hasta parques o entornos naturales. Las Oficinas de Accesibilidad de Extremadura o el Índice de accesibilidad e inclusión de Fundación ONCE son referentes en la sistematización y mejora de estos espacios.
- Transporte accesible. El Metro de Madrid, con su Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028, o la red de puntos de recarga accesibles de Badajoz son ejemplos de cómo integrar accesibilidad en infraestructuras y servicios de movilidad.
- Equilibrio urbano y rural. La accesibilidad no puede quedar restringida a las grandes ciudades: también debe alcanzar al medio rural, donde las desigualdades se agravan. El Camino de Santiago accesible, el distintivo Bandera Azul —que incorpora criterios de accesibilidad en más de 700 playas— o el proyecto Quédate con nosotros en Pescueza (Cáceres) muestran cómo acercar servicios, cultura y turismo sin barreras.
- Patrimonio y accesibilidad. El reto está en compatibilizar conservación y acceso. Iniciativas como el proyecto europeo String, con itinerarios accesibles en Ávila, Turín y Sozopol, o las Rutas accesibles de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en España demuestran que el patrimonio cultural puede abrirse a todas las personas sin renunciar a su integridad.
La vivienda, una asignatura pendiente
El acceso a la vivienda es uno de los puntos más críticos. Más de la mitad del parque residencial en España se construyó antes de 1980 y apenas un 0,6 % de las viviendas puede considerarse universalmente accesible. Esto significa que 1,8 millones de personas necesitan ayuda para salir de sus hogares y 100.000 no pueden hacerlo nunca. La falta de ascensores, rampas, señalización clara o adaptaciones interiores condena a muchas personas mayores o con discapacidad al aislamiento.
El Documenta reclama planes específicos de rehabilitación accesible, incentivos fiscales y un mayor compromiso de las comunidades de propietarios. También defiende diseñar viviendas pensadas para todo el ciclo de vida, de modo que permitan seguir viviendo en ellas aunque cambien las capacidades de sus ocupantes.
Retos pendientes
El informe identifica obstáculos estructurales que limitan la implantación real de la accesibilidad:
- Dispersión normativa entre administraciones, lo que provoca incoherencia y ralentiza la aplicación de medidas.
- Escasa financiación específica, que deja el peso de las adaptaciones en manos de las familias.
- Falta de sensibilización y formación, tanto en la ciudadanía como en profesionales y técnicos de la construcción y la gestión urbana.
- Déficit en el planeamiento urbano, que muchas veces no incorpora de forma sistemática la accesibilidad.
A estos retos se suma la necesidad de visibilizar que la accesibilidad no se limita a la movilidad reducida. Las barreras también afectan a quienes tienen discapacidad sensorial (personas ciegas, sordas o sordociegas), discapacidad cognitiva (dificultades de comprensión o comunicación), así como a situaciones vitales temporales: una fractura, un embarazo o el desconocimiento del idioma. El diseño inclusivo debe contemplar todas estas realidades.
Accesibilidad como cohesión territorial
Uno de los mensajes más potentes del informe es que la accesibilidad universal no es solo una cuestión de justicia social, sino también de equidad territorial. En un país donde más del 27 % de la población vive en áreas rurales —muchas veces envejecidas y con menor acceso a servicios básicos—, garantizar la conectividad física y digital es esencial para frenar la despoblación y asegurar que nadie quede atrás.
La accesibilidad, además, aporta beneficios transversales: mejora la competitividad del turismo, refuerza la sostenibilidad medioambiental al fomentar la movilidad activa, y contribuye a la cohesión social. Como subraya el informe, “no son las personas las discapacitadas, sino los entornos que no permiten su inclusión”.
Hacia un territorio inclusivo
El horizonte planteado por el Observatorio 2030 es claro: lograr un territorio donde la cadena de accesibilidad se mantenga de forma continua, desde la vivienda hasta el transporte, desde el espacio público hasta el patrimonio, desde lo físico hasta lo digital. Para ello, será necesario un marco normativo más cohesionado, nuevas alianzas público-privadas, mayor inversión en I+D+i y una cultura social que valore la accesibilidad como un factor de calidad de vida.
